Hidalgo fortalece padrón de proveedores y refuerza acciones de transparencia en contratación pública

El Gobierno del Estado de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas mediante la implementación de acciones permanentes orientadas al fortalecimiento de los procesos de contratación pública y al combate a la corrupción en la entidad. Como parte de estas acciones, el titular de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales, exhortó a todas las personas físicas y morales que cuentan con registro vigente en el Padrón de Proveedores, emitido antes del ejercicio 2026, a realizar en tiempo y forma el trámite de canje de registro, en cumplimiento de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicada en diciembre de 2025. De acuerdo con la normatividad vigente, establecida en el artículo 26 de dicha ley, a partir del ejercicio 2026 el registro en el Padrón de Proveedores tendrá una vigencia de dos años, lo que implica la necesidad de mantener actualizada la información de las personas físicas y morales que participan en los procesos de contratación pública del gobierno estatal. Para facilitar este proceso de transición, se estableció un periodo de adecuación que concluirá el próximo 15 de junio de 2026, durante el cual las y los proveedores con registros emitidos entre los años 2015 y 2025 podrán realizar el trámite de canje sin costo alguno, garantizando así la continuidad de su participación en los procedimientos de contratación. Las autoridades estatales hicieron un llamado a las y los proveedores a no dejar pasar esta oportunidad, a fin de mantener vigente su registro y asegurar su participación en los procesos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios del gobierno estatal. Se advirtió que la falta de renovación dentro del plazo establecido dará lugar a la baja del registro, lo que impedirá participar en futuros procedimientos de contratación pública en la entidad. En los casos de inscripción, actualización de datos o ampliación de especialidades, se estableció que deberá cubrirse el pago correspondiente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a 3 mil 519 pesos, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, fracción II, de la Ley Estatal de Derechos. Como parte de la estrategia para fortalecer la transparencia y eliminar prácticas irregulares, la administración estatal mantiene un proceso permanente de depuración y actualización de los padrones de proveedores y contratistas, con el objetivo de garantizar procesos más confiables y apegados a la normatividad vigente. Actualmente, de los 8 mil 676 registros de proveedores existentes, 2 mil 14 fueron dados de baja y 282 registros fueron cancelados por un periodo de cinco años, como resultado de la revisión y verificación de cumplimiento normativo. De igual forma, el Padrón de Contratistas, integrado por 2 mil 690 registros, se encuentra en un proceso de revisión permanente, lo que ha derivado en la baja de 571 registros y la cancelación de seis más por un periodo de seis años, debido al incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, así como a la falta de conclusión de obras estatales. Las autoridades señalaron que el fortalecimiento y actualización constante de los padrones estatales permite garantizar procesos de contratación más transparentes, confiables y eficientes, cerrando espacios a prácticas irregulares y asegurando la participación únicamente de empresas que cumplen con la normatividad vigente. Asimismo, se destacó que estas acciones contribuyen a consolidar un sistema de contratación pública más ordenado, en el que se privilegia la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. El Gobierno del Estado reiteró que la actualización de los padrones forma parte de una estrategia integral para fortalecer la integridad institucional, mejorar los mecanismos de control y asegurar que los procesos de contratación se realicen bajo criterios de legalidad, eficiencia y responsabilidad. Finalmente, se subrayó que estas medidas buscan fortalecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar que los recursos del estado se utilicen de manera adecuada, transparente y en beneficio del desarrollo de Hidalgo.